Agua en Chile: el necesario tránsito de mercancía a bien común

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Por Fernanda Miranda, geógrafa de Fundación Terram.


Durante los últimos años las zonas; norte, centro y centro-sur del país han enfrentado una severa escasez hídrica, lo que ha producido que la demanda por uso de agua exceda a la oferta en varias regiones del país.

Fernanda Miranda.

Es innegable la influencia que ejercen factores naturales derivados de sequías prolongadas y efectos del cambio climático en la menor disponibilidad de agua en diferentes cuencas del territorio nacional, sin embargo, la crisis del agua en Chile no solo puede ser atribuida a estas causas. Esta también tiene raíces en criterios consagrados en el ordenamiento jurídico destinados a administrar y gestionar el recurso a partir de valores utilitarios y concepciones instrumentales de la naturaleza.

El proceso de puesta en marcha de las lógicas neoliberales en Chile, ha generado un crecimiento económico basado en una economía primario-exportadora, donde prácticamente todos los productos en los que se basa el modelo económico -cobre, fruta fresca, madera, pulpa, y vino- tienen procesos de producción que dependen en gran medida del agua, lo que ha incrementado e intensificado los conflictos por la utilización de este preciado elemento, principalmente en la zona norte y centro del país.

En las regiones del norte del país, las empresas mineras utilizan volúmenes importantes de agua en sus procesos productivos, lo que ha provocado conflictos con actores locales, por el control, uso, almacenamiento y contaminación del agua, debido a que dicha actividad se desarrolla principalmente en áreas donde el agua es muy escasa e incluso limitante para el desarrollo de actividades de subsistencia.

En el centro y sur del país, empresas agroexportadoras y forestales utilizan de forma intensiva el agua y los suelos aplicando el monocultivo como estrategia de producción intensiva, lo que ha generado efectos que se expresan en degradación de suelos, pérdida de biodiversidad y sobreexplotación de aguas, ocasionando conflictos con comunidades indígenas, pequeños agricultores, zonas urbanas y rurales que se han visto afectadas por el modelo de producción agrícola y forestal que opera en el país.

Sectores mineros y silvoagropecuarios concentran más del 80% de los derechos de aprovechamiento de agua consuntivos, estos derechos -establecidos con el Código de Aguas de 1981- en la práctica funcionan como derechos de propiedad sobre el recurso, se consagran con el propósito de otorgar seguridad  jurídica a sus titulares.

El agua pareciera ser el “combustible” que mueve el motor de la economía chilena, lo cual es avalado por un marco regulatorio e institucional. Esta forma de gestionar y administrar el vital elemento ha provocado grandes inequidades, sobre todo en un escenario de cambio climático, con ríos agotados o disminuidos significativamente en su caudal y cuencas sobreotorgadas. Vastos sectores campesinos han experimentado radicales mermas en la disponibilidad de agua para el riego y consumo humano, poblaciones completas del norte, centro y sur del país han tenido que adecuarse a vivir sin agua potable gran parte del año, o a ser abastecidas esporádicamente y en cantidades insuficientes, a través de camiones aljibes, recibiendo agua que no puede ser considerada como potable.

A pesar de que el agua está catalogada por Ley como un bien nacional de uso público, en la práctica el Código de Aguas reconoce para su manejo solo a las organizaciones de usuarios, integradas únicamente por personas que tienen actualmente derechos de agua en una determinada cuenca o sección, sin que se tome en consideración a los que pudieren verse afectados por las decisiones a pesar de no ser titulares de derechos, es así como “el interés público” no se encuentra considerado en el ordenamiento jurídico, ni mucho menos se garantiza el derecho humano al agua, reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010.

Si bien existen instrumentos que intentan gestionar la escasez del recurso, estos en general, son de carácter reactivo, esto nos lleva a señalar que en Chile no existe una adecuada gestión de la escasez hídrica, en la medida en que no se previene el riesgo, además de que el Estado en situaciones críticas no puede disponer libremente de agua, sin la presión de los grandes sectores económicos y sus derechos de propiedad sobre la misma.

Aunque es urgente la creación de una institucionalidad robusta en materia de aguas; instaurar un mercado regulado y en forma, al igual que establecer prioridades al uso del recurso, el tema de fondo se relaciona con establecer una concepción ética del agua como bien común, en donde el agua no es sustituible por bienes de capital, es por esto que el mercado y los derechos de propiedad no son las herramientas más adecuadas para su administración y gestión.

El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, un momento para pensar y reflexionar sobre la importancia y el rol que cumple este vital elemento en nuestras vidas.