La propuesta del gobierno de fijar impuestos a las emisiones de fuentes fijas sigue siendo foco de cuestionamientos. La Asociación de Generadoras encargó un informe a Cubillos Evans Abogados, para analizar la constitucionalidad del gravamen. El análisis identificó tres reparos.
El primero de ellos, explica el abogado Eugenio Evans, es que el proyecto infringe el principio de legalidad en materia tributaria, porque no especifica la tasa del impuesto. “Esta es una garantía que tienen los contribuyentes de todo el mundo, pero el proyecto de ley no detalla cuánto se va a pagar por emitir SO2 y NOx”, afirma Evans. En cambio, agrega, entrega su determinación a discreción de los Ministerios del Medio Ambiente, Salud y Hacienda, “en base a elementos difíciles de determinar, como por ejemplo, qué porcentaje del total de emisiones es atribuido a las turbinas y calderas de las generadoras eléctricas o a otros contaminantes”.
A juicio de Evans, el proyecto de ley, al señalar que el impuesto no se considerará para efectos de determinar los costos marginales del sistema, “da a entender que el gravamen exclusivamente se dirige a fuentes de producción de energía eléctrica, lo que es dicriminatorio respecto de otras fuentes de emisión que pueden ser igualmente dañinas a la salud de la población”.
La Constitución, explica, prohíbe establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.
Una tercera objeción apunta a que en el proyecto no están exceptuadas expresamente del gravamen las emisiones de CO2 que resultan de la combustión de las plantas de biomasa, “que es la principal fuente de energía renovable no convencional del país. “Esto genera incertidumbre”, enfatiza Evans.
Fuente: La Tercera
