Por Jorge Canals, subsecretario del Medio Ambiente del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Probablemente este sea un año donde la efectiva implementación de la Ley de Fomento al Reciclaje, que contiene un instrumento económico conocido como la Responsabilidad Extendida del Productor, pueda dar sus pasos más importantes.
Todos aquellos a quienes nos interesa que las tasas de reciclaje en nuestro país aumenten sostenidamente, no podemos dejar de mirar el inédito proceso de determinación de metas de recolección y valorización que habrá de concluir el 2018, para dos productos prioritarios tan relevantes como los neumáticos fuera de uso y los envases y embalajes.
¿Cómo se articularán los intereses de los diversos productores o importadores? ¿Se establecerán metas ambiciosas o bien prevalecerá una mirada gradualista? ¿Comenzará a vislumbrarse la fisonomía de los sistemas de gestión? ¿Existirán experiencias pilotos que nos permitan prever las fallas que evidentemente van a producirse?
Estas son solo unas cuantas preguntas, frente a un desafío cuya magnitud se nos escapa. La determinación de las metas es el paso más importante para de una vez por todas echar a andar toda la estructura contenida en la ley, cuya promesa es el aumento significativo de las tasas de reciclaje en Chile, cuyos números actuales son francamente desoladores.
Este proceso arrojará muchísimas lecciones, dando cuenta además de la oportunidad que significa tener en una misma mesa a actores de la industria, de la sociedad civil, de los recicladores de base, de la academia y del gobierno deliberando en torno a una decisión tan estratégica.
No obstante, siendo este el proceso central a mi juicio en torno al reciclaje en Chile, existen además otros aspectos cuya relevancia debe ponerse en cuestión.
Una buena noticia que ha dado el actual gobierno es el impulso de la ley que establece la prohibición total de la entrega de bolsas plásticas en todo el territorio nacional. Dicha futura normativa, debe ser complementada con el despliegue del Plan Nacional de Ecodiseño, uno de los instrumentos más innovadores que contiene la Ley 20.920 arriba mencionada. Debiésemos pujar por el desarrollo del Ecodiseño (que además trae consigo un eco etiquetado con un conjunto de indicadores de alto estándar) que complementa la futura prohibición de las bolsas plásticas, y más importante aún, que permite materializar el concepto que está detrás de un cambio profundo en la forma en que miramos el desarrollo, como es del de Economía Circular.
Por otro lado, y siendo parte del proceso de determinación de metas, el rol de los municipios y el fortalecimiento de su asociatividad, están igualmente siendo debatidos en miras al fortalecimiento del reciclaje. Son ellos quienes poseen las competencias para la gestión de residuos, y son ellos quienes debiesen estar a la vanguardia en la innovación en la materia. Cuál es el rol (gestores) que irán tomando es una de las definiciones claves al efecto.
Y, uno de los desafíos más complejos dice relación con la inclusión de aquellos que muestran la cara inclusiva y social de esta iniciativa. Formalizar y certificar las competencias de los recicladores de base ha sido desde un principio una tarea difícil, pero, cuyos primeros pasos ya han sido dados con firmeza. Es el Estado quien debe garantizar, que régimen REP, no se produzca un avasallamiento de los y las recicladores, y qué éstos cuenten con las herramientas, (por ejemplo, plataformas para declarar) para que su labor sea parte del cumplimiento de las metas de recolección y valorización.
Igualmente, el Estado debe avanzar significativamente en la disposición de recursos fiscales para la promoción y la educación ambiental en torno a la gestión de los residuos en general. Ya existe un Fondo para el Reciclaje que habrá de tener un muy tímido inicio en términos del financiamiento de proyectos radicados principalmente en los municipios, orientados a generar una cultura del reciclaje en el País. Acá no hay margen. Si queremos avanzar, necesitamos una fuerte inversión pública, transferida hacia la sociedad.
Cada uno de estas dimensiones, nucleadas fundamentalmente en torno a la nueva Ley de Fomento al Reciclaje ( y que por cierto hay más, como la apertura de los decretos de metas de los restantes productos prioritarios) son por si mismas fundamentales para el éxito o fracaso del reciclaje en Chile.
Pero, aprovechando la conmemoración del día mundial del reciclaje, quisiera terminar con algunas reflexiones algo más de fondo, más allá de la contingencia que la implementación de la ley determina.
Primero, el desafío del reciclaje en Chile es fundamentalmente político. El reciclaje presupone la confianza de los y las ciudadanos en la trazabilidad de los productos que ellos, en un esfuerzo no menor, habrán de entregar en los puntos limpios, o bien, habrán de separar en sus hogares. El Estado, debe ser capaz de garantizar aquello, lo que implica que debe a su vez recuperar o reforzar, la confianza que los y las ciudadanos puedan depositar en él.
Segundo, no debe olvidarse que el reciclaje, la reutilización son instrumentos que en importancia decrecen frente al desafío que se plantea a las sociedades modernas; generar una cultura de prevención en la generación de residuos. Antes de reciclar, debemos intentar dejar de producir residuos en todo lo que sea posible.
Al final del día, esta es una discusión respecto a las condiciones de equilibrio de un sistema, y, con la actual tasa de generación de residuos y con la infraestructura que como país tenemos o cambiamos, o en unos pocos años más nos enfrentaremos a una crisis de proporciones.
